El diputado Gaspar Quintal presentó una iniciativa para dotar de autonomía presupuestaria a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, como parte de sus acciones para combatir la corrupción.
Como parte de las acciones legislativas para la cero tolerancia a la corrupción, la Fracción del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para que a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se le garantice su autonomía presupuestaria y, de esta manera, pueda cumplir efectivamente con fiscalización, la rendición de cuentas y se evite la impunidad.
Al entregar esta propuesta, el coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, explicó que la labor de la ASEY es sumamente importante para el combate a la corrupción, ya que permite al Poder Legislativo cumplir con su facultad de revisar las cuentas de todos los entes públicos estatales y municipales, se constate el buen ejercicio del paquete fiscal de cada año, verificando ingresos, gastos y deuda pública, incluyendo la revisión, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y demás información financiera, contable, patrimonial y programática.
Abundó que la iniciativa se apega a la recomendación contenida en el Informe Legislativo 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cual se indica que para evitar presiones presupuestales entre el Poder Legislativo y las Auditorías Estatales, se les debe garantizar un porcentaje del presupuesto que no pueda ser disminuido, ni sujeto a discrecionalidad, cada año.
De hecho, precisó que como parte de un ejercicio de derecho comparado para sustentar dicha propuesta, encontró que en Chiapas, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora y en los vecinos estados de Quintana Roo y Campeche se contempla, en su normatividad, la irreductibilidad del presupuesto para sus Auditorías.
Gaspar Quintal enfatizó que el procedimiento de fiscalización revela el estado de las finanzas públicas, permite asegurar la ejecución transparente de los planes de desarrollo y sus programas, la verificación de la asignación adecuada de los recursos disponibles, entre otras tareas.
En el caso de la ASEY, fiscaliza todas las entidades y dependencias centralizadas y paraestatales del Gobierno de Yucatán; los Poderes Legislativo y Judicial; los 106 Ayuntamientos y los actuales 7 organismos autónomos, por eso es necesario prever que en posteriores ejercicios fiscales cuente con el presupuesto suficiente, además de que se integrará en el próximo ejercicio la revisión y fiscalización la nueva Agencia de Transporte del Estado.
“Debemos impulsar medidas y parámetros que eviten la merma o carencias en el órgano encargado de velar por el buen manejo de las finanzas públicas, limitando el ámbito de discrecionalidad al momento de fijar el presupuesto, siendo vital evitar posibles disminuciones en administraciones futuras.”, recalcó.
Por cierto, en la sesión legislativa,, el diputado reconoció el compromiso de su equipo de trabajo, a la cual de forma reciente se integraron estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Universidad Marista como parte de sus prácticas profesionales, quienes a través de su entrega abonaron a la elaboración de esta iniciativa