En un giro alarmante de los acontecimientos en Cacalchén, policías municipales utilizaron gases lacrimógenos para desalojar a locatarios que han trabajado por más de 20 años en el Bazar Municipal. Lo que el Ayuntamiento describió como una “redistribución de los espacios” ha sido calificado por los comerciantes como un acto de represión y venganza política.
El Desalojo
La mañana del lunes, el mercado se convirtió en un escenario de caos cuando las fuerzas policiales irrumpieron para desalojar a tres comerciantes, incluyendo una pizzería que llevaba años operando en el lugar. Según Pablo Noé López Urtecho, uno de los afectados, los policías llegaron armados con tubos y piedras, agredieron a los locatarios y utilizaron gas lacrimógeno para forzarlos a abandonar sus puestos.
López Urtecho relató que, durante décadas, los locatarios han pagado puntualmente la renovación de sus contratos cada tres años. Sin embargo, las exigencias actuales del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Abigail Pérez, han escalado hasta los 30 mil pesos, una cifra significativamente mayor a lo que solían pagar. A pesar de la disposición de los comerciantes a cumplir con estas nuevas condiciones, la alcaldesa ha insistido en que desalojen el espacio.
Acusaciones de Represalias Políticas
Los locatarios creen que el desalojo no es solo un asunto administrativo, sino que también tiene un trasfondo político. Según López Urtecho, la alcaldesa estaría tomando represalias contra aquellos que no la apoyaron en las elecciones pasadas, desplazándolos para entregar los espacios a otros simpatizantes.
La situación se tornó aún más tensa cuando uno de los locatarios, que se resistió a ser desalojado y se refugió dentro de su local de carne asada, fue amenazado y golpeado por los policías. Aunque intentaron sacarlo con gas lacrimógeno, el comerciante logró cerrar la puerta y permanecer en el lugar, desafiando las órdenes de desalojo.
La Respuesta del Ayuntamiento
En respuesta a los acontecimientos, el Ayuntamiento de Cacalchén emitió un comunicado explicando que el 21 de agosto se llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo, donde se aprobó la concesión de 12 espacios a nuevos locatarios y un nuevo reglamento para los mercados municipales. Sin embargo, este anuncio no ha hecho más que aumentar la frustración entre los comerciantes desplazados, quienes consideran que sus derechos están siendo vulnerados.
Impacto en la Comunidad
El desalojo ha dejado una marca profunda en la comunidad de Cacalchén. Lo que antes era un espacio de trabajo y sustento para varias familias, ahora se ha convertido en un símbolo de conflicto y división. Los locatarios, que durante años contribuyeron a la economía local, ahora se encuentran luchando por mantener sus medios de vida ante lo que perciben como un uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad.
Este incidente refleja las tensiones que pueden surgir cuando el poder municipal y los intereses comunitarios entran en conflicto, dejando en el aire la pregunta de si se logrará una resolución justa para todas las partes involucradas.