J.S.R.F. nunca imaginó que ignorar sus obligaciones familiares lo llevaría tras las rejas. Lo que comenzó con una sentencia de $3,500 pesos mensuales de pensión alimenticia, reducida después a $2,000 pesos, terminó en un proceso judicial que lo condenó a un año y nueve meses de prisión.
Desde marzo de 2016, el hombre dejó de cumplir con los pagos establecidos por el Juzgado Familiar, enviando montos menores o, en ocasiones, simplemente no depositando nada. Su ex pareja, madre de sus dos hijas, llevó el caso a las autoridades, y la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló suficientes pruebas para demostrar su incumplimiento.
El juicio oral en el Tribunal Unitario 05 de Enjuiciamiento no dejó dudas: fue hallado culpable por unanimidad de votos. Ahora, además de su sentencia en prisión, deberá pagar $322,900 pesos por reparación del daño, recibió una amonestación pública, perdió sus derechos políticos y su nombre quedará registrado en el Registro de Deudores Alimentarios del Estado.
La historia de J.S.R.F. es un recordatorio de que las obligaciones familiares no se pueden ignorar sin consecuencias. Lo que pudo haber sido un simple pago mensual terminó costándole su libertad y su reputación.