La presidenta municipal de Sucilá, Gabriela de Jesús Pool Camelo, fue multada con 26 mil 022 pesos por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, luego de incumplir reiteradamente con el pago de un laudo laboral por más de 1.6 millones de pesos a favor de tres ex trabajadores despedidos injustificadamente.
De acuerdo con el abogado laboralista Lincoln Palma Rodríguez, la multa es consecuencia de ocho requerimientos oficiales ignorados por la alcaldesa entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. El fallo, emitido desde el 15 de mayo de 2023 por la jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, corresponde al expediente 303/2015 y ordena el pago de $1,656,878 pesos a los ex empleados Justo Pastor Ek Huchim, Baltazar Reyes Medrano y Martín Gijón Cituk, quienes fueron cesados sin liquidación.
A pesar de contar con una partida presupuestal de 450 mil pesos etiquetada específicamente para sentencias y resoluciones judiciales en el Presupuesto de Egresos 2025 del Ayuntamiento de Sucilá, no se ha realizado ningún abono al laudo, lo que el juzgado calificó como una “conducta contumaz y evasiva”.
“No se ha demostrado por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Sucilá las acciones pertinentes para cumplir la totalidad de la condena, pese a los ocho requerimientos debidamente notificados”, señala la resolución emitida el pasado 11 de junio.
El juzgado advirtió que la multa es solo el primer paso para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, y se podrían tomar nuevas medidas si persiste la negativa.
La situación ha generado críticas en la comunidad y entre especialistas en derecho laboral, quienes consideran que el desacato a resoluciones judiciales sienta un precedente negativo sobre el respeto al estado de derecho y la protección de los derechos laborales.