En Yucatán, pocas palabras despiertan tantas alertas como “ajuste fiscal”. Por eso, cuando el Gobierno del Renacimiento Maya anunció la actualización del Impuesto Sobre Nómina (ISN), el sector empresarial levantó la ceja. Y no tardó en reaccionar. El Consejo Coordinador Empresarial pidió explicaciones, temiendo un nuevo golpe a la competitividad del estado.
La respuesta del Gobierno llegó casi de inmediato: “No es un impuesto nuevo. No habrá tenencia. No habrá sorpresas”, afirmó en un mensaje público que buscó contener la inquietud. El argumento fue directo: el incremento del ISN —que pasa de 3 a 3.75%— tiene un destino claro, específico y urgente: mantener vivo el subsidio del sistema de transporte Va y Ven, uno de los programas emblemáticos de la actual administración.
Según el comunicado oficial, el paquete económico que el Ejecutivo envió al Congreso estatal supera los 66 mil millones de pesos, y se reinvertirá en salud, seguridad, infraestructura y programas sociales. Pero el punto más sensible —el que más debate generó— fue el del impuesto.
El Gobierno asegura que el ajuste fue diseñado con una lógica “justa y proporcional”. De más de 20 mil empresas en Yucatán, solo el 4% —las de mayor capacidad económica— pagarán el aumento completo. El 96% restante, compuesto por micro y pequeñas empresas, recibirá estímulos para suavizar el impacto. O al menos, esa es la promesa.
La narrativa oficial apunta a la progresividad: los que tienen más, aportan más. Y destaca que el cobro no recae en los trabajadores, sino que, en teoría, los beneficia de manera directa, pues miles de ellos usan diariamente el Va y Ven para llegar a sus empleos.
El Gobierno fue claro en otro punto: el dinero no se redireccionará a obras alternas ni a nuevos proyectos. Todo será destinado al subsidio operativo del transporte público, que consideran indispensable para mantener tarifas estables y no trasladar el costo a la población.
El comunicado también aprovecha para remarcar el nivel de inversión social: más de 6 mil millones en programas directos a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y pescadores; otros 6 mil millones para salud, y miles de millones más para infraestructura y seguridad.
Con ese despliegue de cifras, la administración estatal busca transmitir una idea: el ajuste no frenará el empleo ni restará competitividad, sino que mantendrá los cimientos de un Yucatán moderno, atractivo para la inversión y con transporte digno.
Mientras empresarios y Gobierno afinan posturas, el debate está lejos de apagarse. Todos coinciden en algo: el futuro del Va y Ven —y la manera de financiarlo— marcará el rumbo económico y social del estado en los próximos años. El impuesto, por ahora, solo fue el primer capítulo de una discusión que seguirá ocupando titulares.