En Valladolid, las luces no brillaron en diciembre. No hubo adornos navideños ni calles iluminadas que acompañaran las fiestas de fin de año. La explicación oficial fue clara y contundente: no había recursos. El alcalde, Homero Novelo Burgos, aseguró entonces que la prioridad era destinar el presupuesto a un programa federal de pintura de fachadas. Sin embargo, apenas iniciado el año, una cifra comenzó a resonar con fuerza entre la ciudadanía: 13.5 millones de pesos para la contratación de dos grupos musicales.
La noticia cayó como balde de agua fría. Banda MS y Grupo Matute encabezaron la cartelera musical financiada con recursos públicos, en una ciudad donde la basura se acumuló durante semanas y las calles muestran el desgaste de años sin mantenimiento suficiente. Para muchos vallisoletanos, la contradicción fue inevitable: ¿no había dinero para luces, pero sí para escenarios?
La polémica creció al conocerse que el gasto no terminaba ahí. A la lista se sumaron El Pulpo y sus Super Lamas, con contratos de 380 mil y 450 mil pesos respectivamente, además de otros artistas como Nelson Kanzela y talento local. En conjunto, la cifra supera los 14.3 millones de pesos destinados al entretenimiento, en un municipio que arrastra rezagos en servicios básicos.
En las calles, la conversación se repite. Vecinos señalan la recolección irregular de basura, baches que se multiplican y una imagen urbana que dista de la promoción turística que se presume en eventos y redes sociales. Para ellos, la pregunta no es si la música es necesaria, sino si era prioritaria.
Desde el Ayuntamiento se ha argumentado que los conciertos generarán beneficios económicos para la ciudad. No obstante, hasta ahora no se ha detallado cómo ni en qué medida esos recursos regresarán a la población. La falta de información clara ha alimentado la desconfianza y el malestar social.
Valladolid, ciudad con historia y vocación turística, se encuentra hoy en medio de un debate que va más allá de los gustos musicales. Se trata de prioridades, de decisiones públicas y de la obligación de rendir cuentas. Mientras los escenarios se iluminan y los amplificadores se encienden, la ciudadanía espera respuestas claras sobre el uso del dinero que, al final, sale de sus bolsillos.