Aún no se colocaban los techos ni se escuchaban risas de niños en los patios cuando el proyecto se vino abajo, literalmente. En Izamal, la Ciudad de los Cerros, cuatro viviendas del programa Vivienda para el Bienestar amanecieron con las paredes destruidas, como si el mensaje fuera claro: aquí no se construye sin permiso… político.
La escena contrasta con la urgencia social. Miles de familias en Yucatán siguen esperando un hogar digno, una casa segura donde crecer junto a sus hijos. En Izamal, el programa federal que prometía atender a los sectores más vulnerables logró avanzar apenas las primeras 50 viviendas antes de chocar con una resistencia inesperada y violenta.
La empresa encargada de la obra no tuvo alternativa: interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán tras los actos de vandalismo que obligaron a pausar los trabajos. La versión pública de los inconformes apunta a un supuesto cambio de uso de suelo; aseguran que el terreno estaba destinado para un plantel educativo y no para viviendas. Sin embargo, en las calles y conversaciones locales, la explicación se queda corta.
Entre los pobladores comienza a repetirse un nombre: Warnel May Escobar, ex alcalde y ex diputado priísta. De acuerdo con testimonios recogidos en la comunidad, el ex funcionario estaría alentando la inconformidad como parte de un boicot con tintes políticos, en un contexto marcado por su derrota electoral en 2024 y su posterior detención en julio de 2025. Nada comprobado aún, pero sí persistentemente mencionado.
La sospecha cobra fuerza cuando se observa el otro escenario en el que se mueve May Escobar. Alejado —al menos en apariencia— de la vida pública, hoy se dedica a sus negocios, entre ellos la oferta de lotes habitacionales en el municipio, un dato que no pasa desapercibido en medio del conflicto. El interés inmobiliario aparece así como un telón de fondo que alimenta la narrativa del boicot.
Lo ocurrido en Izamal no es un asunto menor. La destrucción de viviendas podría escalar al ámbito federal, ya que el programa Vivienda para el Bienestar fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es operado directamente por la CONAVI con recursos federales, en coordinación con estados y municipios. No se trata solo de casas derribadas, sino de un proyecto social puesto en pausa por la confrontación política.
Mientras las paredes caídas permanecen como símbolo de la disputa, las familias siguen esperando. Entre escombros, denuncias y acusaciones, Izamal vive hoy una crónica donde la necesidad social choca con viejas prácticas políticas, y donde el derecho a la vivienda queda atrapado entre el concreto roto y la sombra de intereses que se resisten a desaparecer.