La inconformidad social crece en el municipio de Hoctún, donde habitantes acusan al alcalde Miguel Octavio Arjona Sánchez de abuso de autoridad, corrupción, encubrimiento de delitos ambientales y de generar un clima de división e inseguridad en la comunidad.
Ciudadanos señalan que, lejos de la promesa de transformación, el actual gobierno municipal ha provocado conflictos internos, detenciones arbitrarias y presunta protección a grupos de choque que operan —aseguran— con respaldo político.
Detenciones y presuntos abusos policiales
Entre los casos denunciados se encuentra la detención de Gustavo Torales Gamboa, quien habría sido arrestado por criticar en redes sociales y de manera presencial el estado de un parque infantil. Pobladores afirman que no existió delito alguno que justificara su aseguramiento.
Asimismo, en abril de 2025, Leydi María Baas denunció formalmente a elementos de la policía municipal por abuso de autoridad, agresión física y violación de domicilio. Según testimonios y videos difundidos en redes sociales, la mujer fue golpeada y humillada públicamente tras ser acusada de invasión de propiedad, pese a presentar documentación que acreditaría la posesión familiar del predio.
Los inconformes sostienen que la policía actúa bajo órdenes directas del alcalde y que existe omisión ante delitos comunes, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en la localidad.
Ecocidio y clausura de PROFEPA
Otro de los señalamientos apunta a presuntos daños ambientales en el municipio. En enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró obras de una granja avícola por cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales.
De acuerdo con la autoridad ambiental, se detectó la remoción de vegetación en aproximadamente 8.9 hectáreas sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo que contraviene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Habitantes sostienen que el alcalde tenía conocimiento de las actividades y no intervino hasta que la denuncia ciudadana derivó en la clausura federal.
Golpiza al comisario ejidal y amenazas
La tensión aumentó tras la agresión contra el comisario ejidal José Guadalupe Uicab, quien fue brutalmente golpeado y amenazado de muerte por un sujeto identificado como Mateo Esteban Cabrera Mendiola. Los atacantes no fueron detenidos.
Pobladores afirman que no se trata de un hecho aislado, ya que en diciembre pasado también se registraron agresiones contra el representante ejidal y adultos mayores en la Casa Ejidal, sin consecuencias legales.
La comunidad señala que el conflicto podría estar relacionado con las gestiones del comisario para la expedición de 104 actas oficiales destinadas a trámites de regularización y cobros correspondientes al ejido, acciones que presuntamente han generado tensiones con la autoridad municipal.
Exigen intervención estatal
Ante este panorama, habitantes de Hoctún solicitan la intervención de autoridades estatales para evitar que el conflicto escale a hechos mayores. Aseguran que el municipio vive un ambiente de polarización política, impunidad y falta de gobernabilidad.
Mientras tanto, el alcalde no ha emitido una postura pública detallada respecto a las acusaciones. La ciudadanía insiste en que se realice una investigación exhaustiva y se garantice la seguridad y el Estado de derecho en la demarcación.