Ante la falta de acuerdos para la reapertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá, la comunidad maya de Pisté decidió llevar el conflicto a los tribunales y promover un amparo contra la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como único acceso al sitio arqueológico.
El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté informó que el recurso legal ya fue presentado y se encuentra radicado en los juzgados bajo el expediente 1219/2026, donde un juez analizará la solicitud de suspensión del acto que, aseguran, pretende imponer el Gobierno sin el consentimiento de la comunidad.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el Concejo señaló que la acción legal responde al “mal actuar” de autoridades estatales y federales, en medio del conflicto que mantiene cerrada la zona arqueológica desde hace varios días.
La disputa surgió luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y representantes del Gobierno del Estado reiteraran que el acceso a Chichén Itzá se realizará únicamente a través del Catvi, decisión rechazada por habitantes de Pisté al considerar que impacta directamente la economía local.
Para cientos de familias, el antiguo parador turístico del Patronato Cultur representa una fuente de ingresos ligada a la venta de artesanías, servicios de guía y operación de estacionamientos. La comunidad sostiene que el cierre de esa entrada afectaría no solo a comerciantes, sino también a ejidatarios y prestadores de servicios que dependen de la afluencia en ese punto.
Aunque el INAH ofreció la reubicación de artesanos en espacios que considera estratégicos para mantener sus ventas, la propuesta no contempla, según los inconformes, a otros sectores económicos de la comunidad. Entre ellos se encuentran guías turísticos y propietarios de estacionamientos, quienes tendrían que desplazarse más de dos kilómetros para operar desde el nuevo acceso.
Ante este escenario, la comunidad maya ha mantenido su postura de no firmar acuerdos para la reapertura mientras no exista un plan integral que garantice beneficios equitativos para todas las familias involucradas.
El Concejo Indígena plantea que ambas entradas permanezcan abiertas y que sean los propios habitantes quienes decidan en qué punto desarrollar sus actividades económicas. Sin embargo, el INAH ha reiterado que habrá un único acceso mediante el Catvi, postura que la comunidad considera una imposición que deja de lado el diálogo.
Este jueves se cumplen 10 días desde el inicio del cierre de Chichén Itzá, situación que ya habría provocado pérdidas económicas millonarias y mantiene sin solución uno de los conflictos más delicados entre autoridades y comunidad maya en torno al manejo del principal sitio arqueológico de Yucatán.