Durante siete años, la resistencia de las comunidades mayas de San José Tipceh y Planchac se sostuvo entre asambleas, recursos legales y la defensa constante de su territorio. Lo que comenzó como una preocupación por la llegada de dos gigantescos parques solares terminó convirtiéndose en una batalla jurídica que hoy marca un precedente para la defensa ambiental y los derechos colectivos en México.
La historia se remonta a 2019, cuando habitantes de estas comunidades decidieron organizarse para enfrentar los megaproyectos fotovoltaicos Ticul A y Ticul B, promovidos para instalarse en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul. El plan contemplaba la colocación de más de un millón 183 mil paneles solares y el desmonte de 603 hectáreas de selva, una extensión equivalente a cientos de campos de fútbol en una de las regiones con mayor riqueza biológica y cultural del estado.
Desde el inicio, los pobladores advirtieron que el proyecto no solo transformaría el paisaje, sino que también pondría en riesgo los ecosistemas que sostienen su forma de vida. La preocupación alcanzaba a especies protegidas de flora y fauna, la actividad de polinización de abejas y murciélagos, la recarga natural del acuífero y el acceso al agua, además de generar impactos sobre el patrimonio cultural y el uso tradicional del territorio.
Con el acompañamiento legal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), las comunidades emprendieron una larga ruta judicial. Uno de los principales argumentos fue que las evaluaciones ambientales de ambos proyectos fueron analizadas por separado, fragmentando los impactos acumulativos que generarían sobre la región.
La lucha encontró un primer punto de inflexión en 2023, cuando un Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva de los permisos, impidiendo que iniciaran las obras. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada.
Dos años después, en noviembre de 2025, llegó el fallo que cambió el rumbo del conflicto. Un Tribunal Colegiado resolvió amparar a las comunidades mayas y ordenó dejar sin efectos las autorizaciones que permitían la construcción y operación de los parques solares durante un periodo de 40 años.
La resolución no quedó únicamente en el papel. En abril de este año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) notificó oficialmente la cancelación de las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo que habían sido otorgadas para ambos megaproyectos.
Para las comunidades, la decisión representa mucho más que la cancelación de una obra. Significa el reconocimiento de sus derechos a un medio ambiente sano, a la protección de su territorio y a participar en las decisiones que pueden modificar profundamente su entorno y su forma de vida.
El Cemda destacó que este caso establece un precedente nacional sobre la necesidad de impulsar una transición energética que no sacrifique los derechos de las comunidades ni el patrimonio natural en nombre del desarrollo. La organización sostuvo que la generación de energías renovables debe realizarse bajo esquemas de justicia ambiental y consulta efectiva a las poblaciones involucradas.
La victoria de San José Tipceh y Planchac se suma a otras resoluciones recientes en Yucatán que fortalecen la defensa del territorio. Apenas esta semana se dio a conocer el fallo favorable a vecinos de la colonia San Damián contra la instalación de gasoductos, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó recientemente el derecho de las comunidades a ser informadas y consultadas sobre proyectos que impacten sus tierras.
Tras siete años de resistencia, las comunidades mayas celebran una decisión que consideran histórica: la selva permanece en pie y su voz fue escuchada.