Después de cuatro años de resistencia vecinal, recursos legales y movilización ciudadana, habitantes de la colonia San Damián obtuvieron una victoria definitiva contra la instalación de un gasoducto que pretendía atravesar la zona habitacional sin que la población hubiera sido informada ni consultada previamente.
Integrantes del colectivo Defensores de San Damián informaron que un Tribunal Colegiado ratificó dos sentencias favorables a la comunidad, con lo que quedan sin efecto los permisos que permitían la construcción de la obra promovida por la empresa Tractebel GNP S.A. de C.V.
La resolución representa un triunfo histórico para los vecinos, quienes desde 2021 denunciaron irregularidades en el desarrollo del proyecto y exigieron transparencia sobre una infraestructura que, aseguran, podría representar riesgos para una zona densamente poblada.
La historia comenzó cuando habitantes de la colonia observaron trabajos de excavación en diversas calles. Al cuestionar a los trabajadores sobre la naturaleza de las obras, recibieron distintas versiones que apuntaban a infraestructura de agua potable o energía eléctrica. Sin embargo, con el paso de las semanas descubrieron que se trataba de la instalación de una red para el transporte de gas natural.
La incertidumbre y la falta de información detonaron la organización vecinal. Poco a poco, decenas de familias se sumaron al movimiento y promovieron amparos para exigir que se respetaran sus derechos a la información, la participación ciudadana y la seguridad en su comunidad.
Rocío Borges, integrante del colectivo Defensores de San Damián, recordó que la principal exigencia siempre fue conocer con claridad el alcance del proyecto y los posibles impactos que tendría en la colonia.
Aunque los amparos fueron admitidos por las autoridades judiciales, la empresa promovió recursos legales que prolongaron el litigio durante varios años. Finalmente, el Tribunal Colegiado resolvió de manera definitiva a favor de la comunidad.
Miguel Anguas, abogado de Kanan Derechos Humanos, organización que acompañó jurídicamente el caso, explicó que la sentencia deja sin efecto los permisos otorgados para la implementación del gasoducto y obliga a las autoridades a garantizar procesos de información y participación ciudadana antes de cualquier intento de reactivar el proyecto.
Los vecinos sostienen que la obra fue autorizada por autoridades de los tres niveles de gobierno sin informar adecuadamente a quienes habitan en la zona sobre el trayecto, características y posibles implicaciones de la infraestructura.
Por ello, reiteraron que continuarán vigilantes para impedir que el proyecto sea reinstalado sin cumplir con las disposiciones judiciales y sin el consentimiento informado de la comunidad.
Además de detener la construcción del gasoducto, la resolución sienta un precedente relevante en materia de derechos ciudadanos y acceso a la información pública. Para los habitantes de San Damián, el caso demuestra que la organización vecinal puede incidir en decisiones que afectan directamente su entorno y calidad de vida.
“Las empresas toman decisiones y muchas veces las personas se enteran cuando las obras ya comenzaron. Este caso demuestra que la ciudadanía puede organizarse y exigir que se respeten sus derechos”, señalaron representantes de Kanan Derechos Humanos.
Tras conocerse el fallo, el colectivo Defensores de San Damián hizo un llamado a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida para que acate de manera inmediata la resolución judicial y garantice que el proceso se conduzca con total transparencia.
La decisión se suma a otros fallos recientes en Yucatán relacionados con la defensa del territorio y la participación ciudadana en proyectos de infraestructura, fortaleciendo el debate sobre el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que obras de gran impacto sean autorizadas en sus entornos.