Las detenciones fueron reportadas por instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, como parte de acciones realizadas en Yucatán y Nayarit contra personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas y generación de violencia.
En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
DETIENEN A “EL KADO” EN VALLADOLID
De acuerdo con la información oficial, la ubicación de Héctor Manuel “N” fue establecida en el municipio de Valladolid, Yucatán, a partir del intercambio de información con agencias de seguridad extranjeras.
Las autoridades lo identifican como uno de los principales líderes regionales de una organización criminal y lo relacionan presuntamente con delitos como el trasiego de drogas y la extorsión en Baja California.
El operativo en territorio yucateco forma parte de las acciones de inteligencia y coordinación que permitieron establecer su ubicación y movilidad, antes de concretar su captura.
“EL PAYASO”, DETENIDO EN BAHÍA DE BANDERAS
En una acción distinta, las autoridades ubicaron en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, un inmueble presuntamente utilizado por Oscar “N”, alias “El Payaso”.
El detenido es señalado como un objetivo prioritario para el Gobierno de Nuevo León y presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según la información difundida por las autoridades, estaría relacionado con la distribución de drogas para células delictivas independientes, así como con el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Con base en los datos obtenidos durante las investigaciones, un Juez de Control otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble.
Durante la operación, Oscar “N” fue detenido y se aseguraron cargadores, cartuchos y documentación, de acuerdo con el reporte oficial.
OPERATIVOS COORDINADOS
Las autoridades señalaron que ambas acciones forman parte de la estrategia de coordinación entre instituciones federales y autoridades estatales para ubicar y detener a personas consideradas generadoras de violencia o vinculadas con organizaciones criminales.
La situación jurídica de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades correspondientes conforme avance el proceso legal.