La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán, ejecutó un operativo en el predio conocido como San Isidro Miramar, en el municipio de Celestún, donde clausuró temporalmente 17 polígonos por presuntos daños ambientales derivados del desmonte ilegal de vegetación forestal, incluyendo afectaciones a manglares dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
Durante la intervención, realizada el pasado 3 de agosto, las autoridades colocaron 33 sellos de clausura temporal total en una superficie de 130.8 hectáreas, donde detectaron actividades que habrían provocado la eliminación de cobertura vegetal en una de las zonas ecológicas más importantes del estado.
El operativo contó con la participación de 397 elementos de distintas corporaciones, entre ellas inspectores de la Profepa, personal de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes brindaron las condiciones de seguridad para el desarrollo de las diligencias.
De acuerdo con la dependencia federal, las investigaciones sobre este caso comenzaron a finales de 2025. Posteriormente, en marzo de 2026, sobrevuelos de reconocimiento permitieron confirmar el desmonte y la quema de vegetación, así como la promoción y venta de terrenos correspondientes a los presuntos fraccionamientos irregulares “San Josué” y “Martha Elena”.
La zona intervenida se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Área Natural Protegida decretada en el año 2000 y reconocida por su alta biodiversidad, donde habitan especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que la dependencia presentará las denuncias correspondientes y buscará que los responsables enfrenten sanciones, además de medidas para reparar el daño ambiental ocasionado.
“La protección de las áreas naturales protegidas es una prioridad para la Profepa. El desmonte ilegal que pone en riesgo ecosistemas de alto valor ambiental será denunciado y sancionado con multas ejemplares y medidas contundentes de reparación del daño”, señaló la funcionaria.
Este operativo se suma a las investigaciones que mantiene el Gobierno de Yucatán sobre una presunta red dedicada al despojo de terrenos costeros en Celestún, señalada de promover asentamientos irregulares y provocar la destrucción de manglares y dunas.
Semanas atrás, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que tres personas ya fueron imputadas por la Fiscalía General del Estado por el delito de despojo relacionado con estos hechos, por lo que un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.