La tensión aumentó en comunidades mayas del sur de Yucatán luego de que habitantes mantuvieran cerrados los accesos a sus localidades para impedir el paso de vehículos vinculados con bancos de material pétreo. La protesta se intensificó después del accidente ocurrido el pasado 12 de septiembre en la carretera Umán-Tebec, donde un joven de Petecbiltun perdió la vida y una joven resultó gravemente lesionada tras ser atropellados por un vehículo de transporte de materiales de la empresa Procon, de acuerdo con el reporte de las comunidades.
El accidente detonó nuevamente un conflicto que habitantes de distintas localidades aseguran arrastrar desde hace varios años. En Tebec, los pobladores exigieron al Ayuntamiento de Umán la clausura de tres bancos de materiales, mientras otras comunidades pertenecientes a la Red de Pueblos Contra la Minería en Yucatán también realizaron cierres en sus territorios.
Los habitantes sostienen que el problema no comenzó con el accidente. Desde 2022, comunidades como Tebec, Xcucul Sur, Hotzuc, Ticimul y Petecbiltun han denunciado afectaciones que atribuyen a la explotación de material pétreo, entre ellas polvo, explosiones, daños a viviendas y agua, además del constante tránsito de vehículos pesados por caminos utilizados por la población.
En el caso de Tebec, uno de los principales reclamos está relacionado con el paso de volquetes y góndolas cargadas con material, debido a que los habitantes deben compartir las rutas de salida de la comunidad con estas unidades.
La inconformidad también había llegado a las autoridades ambientales. El 25 de noviembre de 2025, habitantes de Tebec presentaron una denuncia popular ante Semarnat y Profepa contra Materiales Anillo Periférico S.A. de C.V. (MAPSA), Materiales Ku y Procon planta Ticimul. De acuerdo con el pronunciamiento comunitario, las denuncias fueron notificadas al Gobierno de Yucatán en marzo de 2026, sin que los habitantes consideren que sus demandas hayan sido atendidas de fondo.
Después de los cierres, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de Yucatán, Pablo Casto Alcocer, acudió a Tebec acompañado de personal del Ayuntamiento de Umán para escuchar las exigencias de las comunidades. Durante el encuentro fueron establecidos 11 compromisos con los pueblos.
Entre los acuerdos se incluyó proporcionar información sobre los bancos de materiales, convocar a autoridades federales, continuar con una investigación para determinar responsabilidades por el accidente y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
También se planteó integrar una comisión para revisar las afectaciones a la salud y las viviendas, así como no renovar los permisos de las empresas involucradas en las denuncias y detener nuevas autorizaciones municipales, estatales y federales para bancos de material pétreo.
Otro de los acuerdos contempla instalar una mesa interinstitucional el 18 de septiembre, con participación de autoridades municipales, estatales y federales, además de garantizar la participación de las comunidades a través de los comités que cada localidad designe.
Los compromisos también incluyen realizar estudios para determinar si existe la posibilidad de declarar una emergencia socioambiental, evitar la criminalización de la defensa del territorio y garantizar vigilancia para impedir el retiro de sellos de clausura.
Pese a los acuerdos alcanzados, las comunidades señalaron que mantendrán los cercos que impiden el paso de los volquetes hasta observar acciones concretas por parte de las autoridades.
Los pueblos de Tebec, Hotzuc, San José Tzal, Yaxcopoil, Ticimul, Xcucul Sur, Petecbiltun, Cheumán y Noc-Ac, junto con el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, sostienen que las denuncias por las afectaciones relacionadas con los bancos de material han sido presentadas por diferentes vías administrativas y judiciales sin que, hasta ahora, consideren resuelto el problema.
El conflicto permanece abierto mientras las comunidades esperan la mesa interinstitucional programada para el 18 de septiembre, en la que deberán participar autoridades de los tres niveles de gobierno para revisar las demandas y los compromisos asumidos tras los bloqueos.
Las comunidades han fijado una postura frente a las autoridades: rechazan la minería de bancos de material pétreo en sus territorios y exigen que su decisión sea respetada.