Las denuncias contra elementos de la SSP siguen creciendo en Tizimín. Un ciudadano acusa a integrantes de la agrupación Dorados de amenazarlo con detenerlo y golpearlo, además de quitarle dinero durante un retén. También señalan presuntas intimidaciones contra manifestantes. ¿Dónde están los controles de la corporación y qué está haciendo el Ayuntamiento para frenar estos abusos?
Lo que debería ser un operativo de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos vuelve a estar bajo sospecha en Tizimín. Esta vez, un joven denunció que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo intimidaron durante una revisión vehicular, lo amenazaron con detenerlo y golpearlo, y presuntamente terminaron quitándole 500 pesos.
El incidente habría ocurrido la noche del lunes, durante un retén instalado a la salida del municipio, en dirección a Colonia Yucatán. El afectado viajaba con su pareja rumbo a la comisaría de Sucopó cuando los uniformados le marcaron el alto para inspeccionar su vehículo.
Al revisar la cajuela, los agentes encontraron dos llantas de motocicleta. El conductor explicó que se las había regalado un amigo; sin embargo, según su testimonio, uno de los policías comenzó a cuestionarlo y presuntamente lo amenazó con arrestarlo bajo el argumento de que podía acusarlo de robo por transportar esos objetos.
La situación habría escalado cuando el elemento, a quien el denunciante asegura poder identificar, supuestamente lo intimidó con golpearlo si no accedía a sus exigencias.
Finalmente, el joven sostiene que los uniformados le quitaron 500 pesos en efectivo. Una acusación que, de comprobarse, exhibiría un posible abuso de autoridad y el uso de un retén policial para obtener dinero de un ciudadano.
CRECEN LAS DENUNCIAS, PERO ¿QUIÉN VIGILA A LOS POLICÍAS?
Este nuevo señalamiento no aparece de manera aislada. Hace apenas unas semanas, una vendedora de verduras denunció que presuntamente elementos policiales le quitaron dinero tanto a ella como a uno de sus trabajadores.
Ahora, las acusaciones alcanzan nuevamente a integrantes de la agrupación Dorados, lo que pone bajo la lupa a quienes tienen la responsabilidad de supervisar el comportamiento de los agentes.
Entre los mandos señalados en los cuestionamientos figura el director del CIPS, Juan José Ateno Guzmán, así como el segundo mando, José Natividad Cham López, conocido como «Lobo».
Este último también ha sido mencionado anteriormente en una denuncia por un supuesto intento de cobro de dinero relacionado con la recuperación de una motocicleta que habría sido objeto de un intento de robo.
Aunque todas estas acusaciones deben investigarse y no constituyen por sí mismas una responsabilidad acreditada, la repetición de señalamientos obliga a preguntar qué está ocurriendo dentro de la corporación y por qué los ciudadanos continúan denunciando presuntos abusos.
TAMBIÉN HABRÍAN INTIMIDADO A CIUDADANOS DURANTE PROTESTA
Los cuestionamientos hacia los elementos de seguridad también alcanzaron la manifestación de taxistas realizada la tarde del lunes en la salida a Mérida.
Durante la protesta, ciudadanos que pretendían sumarse a la movilización denunciaron que algunos policías se dirigieron a ellos de manera prepotente, advirtiéndoles que no podían pasar ni avanzar hacia el punto de concentración.
Según los testimonios, la actitud de los uniformados cambió cuando se percataron de que representantes de medios de comunicación estaban grabando lo sucedido. A partir de ese momento, presuntamente comenzaron a dirigirse a los ciudadanos de manera más amable.
El episodio genera otra interrogante: ¿los policías están para garantizar el orden y proteger los derechos de la población o para intimidar a quienes expresan su inconformidad?
Además, los denunciantes señalaron que las restricciones se presentaron incluso en un tramo carretero de jurisdicción federal.
¿Y EL ALCALDE? LA SEGURIDAD TAMBIÉN EXIGE RENDICIÓN DE CUENTAS
Mientras la corporación mantiene un discurso de disciplina, legalidad y respeto a los derechos humanos, las denuncias ciudadanas exigen algo más que declaraciones institucionales.
El Ayuntamiento de Tizimín, encabezado por el alcalde, tampoco puede mantenerse al margen de los cuestionamientos sobre la seguridad pública municipal. La ciudadanía tiene derecho a saber qué mecanismos de supervisión existen, qué acciones se han emprendido y si se han iniciado investigaciones ante los señalamientos contra los uniformados.
La responsabilidad de los mandos no termina al organizar operativos o reportar detenciones. También deben garantizar que sus subordinados respeten la ley y que ningún ciudadano sea víctima de amenazas, intimidaciones o cobros indebidos.
La SSP tiene la obligación de esclarecer las acusaciones, identificar a los elementos involucrados y determinar si hubo responsabilidades individuales o fallas en la supervisión.
Porque si quienes portan un uniforme para proteger a la población terminan siendo señalados por presuntamente despojarla de su dinero, la confianza ciudadana queda seriamente comprometida.
En Tizimín la pregunta sigue en el aire: ¿quién va a poner orden dentro de la corporación y cuándo habrá respuestas para los ciudadanos que denuncian presuntos abusos?