Habitantes de al menos diez comunidades mayas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Joaquín Díaz Mena la suspensión inmediata de bancos de material pétreo que, aseguran, han generado graves afectaciones ambientales, estructurales y sociales en sus territorios.
Pobladores de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-Ac, Cheuman, Petecbiltum y Texán Cámara bloquearon por varias horas la calle 61 en el Centro de Mérida, con el objetivo de visibilizar lo que califican como una emergencia socioambiental en comisarías pertenecientes a los municipios de Mérida y Umán.
Durante la protesta, los inconformes leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron la violación a sus derechos colectivos al territorio, la autonomía y la libre determinación, al señalar que ninguno de los proyectos extractivos ha sido sometido a un proceso de consulta previa, libre e informada, como lo establece la legislación nacional e internacional.
Denuncian daños a la salud, viviendas y patrimonio
Los manifestantes afirmaron que las detonaciones constantes generan estrés, miedo y afectaciones emocionales en la población; además de polvo suspendido que impacta la salud, tránsito constante de volquetes que pone en riesgo la seguridad vial y daños estructurales en viviendas a causa de las explosiones.
También acusaron tala de monte, desplazamiento de fauna y afectaciones al patrimonio arqueológico, particularmente en la zona de Yaxcopoil.
La organización Utsil Kuxtal, Centro de Derechos Humanos, que acompaña a las comunidades, informó que entre 2018 y 2025 se han aprobado más de 60 bancos de material pétreo en la entidad, destinados principalmente al desarrollo inmobiliario y a obras vinculadas con el Tren Maya.
Jorge Fernández Mendiburu, integrante del colectivo, calificó como “burlesco” que se hable de “Renacimiento Maya” mientras, afirmó, se prioriza a empresas por encima de los derechos de los pueblos originarios. “Exigimos no a la minería de cielo abierto y no a la explotación de materiales pétreos en nuestro territorio”, declaró.
Exigen reparación integral y freno a nuevas autorizaciones
En el mitin, otros representantes comunitarios demandaron el alto inmediato a la autorización de nuevos bancos de materiales, el reconocimiento oficial de la emergencia socioambiental y la reparación integral del daño, que incluya atención a la salud física y emocional de la población, reparación de viviendas y restauración ambiental.
También participó Charles Gaillard Rivero, investigador que realiza un doctorado sobre el impacto del Tren Maya, quien aseguró haber documentado que la operación de bancos de materiales representa uno de los efectos más significativos del megaproyecto.
Según señaló, algunos de estos sitios operarían sin cumplir con la normativa de uso de suelo ni con el Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán.
Tras permanecer varias horas en espera de ser atendidos por el mandatario estatal, una comisión fue recibida por personal del gobierno para entregar su pliego petitorio. Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuesta concreta, continuarán con las movilizaciones en defensa de su territorio.