En el tranquilo poblado de Espita, al oriente de Yucatán, la rutina diaria de sus habitantes se vio alterada por una nueva disposición que ha causado sorpresa y malestar: el cobro por el uso de la vía pública para la carga y descarga de mercancías. Desde hace algunos días, la policía municipal ha instalado retenes en distintos puntos del municipio para exigir el pago de un derecho municipal establecido en la Ley de Ingresos de Espita para el ejercicio fiscal 2025. Este nuevo cobro, que varía entre 1.5 y 3 UMA’s por evento, afecta a los propietarios de camiones de carga que transportan productos hacia y desde el municipio.
El artículo 25 de la ley establece que los vehículos de más de 2 toneladas que ingresen al municipio deben pagar por el uso de las vialidades para descargar mercancías, con un costo que va desde los 169.71 pesos para los vehículos más pequeños, hasta los 339.42 pesos para los de mayor tonelaje. Este concepto no existía en la ley de ingresos de 2024, lo que ha sorprendido tanto a transportistas como a los habitantes de Espita, quienes se han visto obligados a reajustar sus costos operativos o incluso optar por alternativas en municipios cercanos, como Tizimín, para evitar el pago del impuesto.
El malestar de la comunidad no tardó en surgir. Varios pobladores comenzaron a expresar su inconformidad, mencionando que este cobro les obligaría a cambiar sus hábitos de compra, afectando no solo la economía local, sino también la accesibilidad de productos. Ante la presión, el alcalde Mario Sánchez Esquivel reaccionó rápidamente en redes sociales, desmintiendo la información y asegurando que el cobro era falso. Sin embargo, al revisar la Ley de Ingresos publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se confirmó que la nueva disposición estaba claramente estipulada en el Decreto 21/2024, lo que dejó en evidencia la controversia generada por la confusión entre la autoridad local y la población.
Este impase ha generado un debate sobre la viabilidad de estas políticas y sobre cómo un pequeño cobro destinado a regular el tránsito de carga podría tener un impacto negativo en la economía local, que depende en gran medida de estos servicios. A medida que se sigue discutiendo la efectividad y justicia de este nuevo cobro, los habitantes de Espita esperan respuestas claras que disipen las dudas y les permitan adaptarse a la nueva normativa sin afectar su vida cotidiana.