El monte ya no estaba. Donde antes se levantaba la vegetación de la selva mediana, ahora quedaban troncos derribados, ramas secándose al sol y la huella reciente de maquinaria pesada. Así encontraron los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) un predio en Hoctún, Yucatán, escenario de una intervención que culminó con la clausura temporal total de las obras de la granja avícola CRÍO Hoctún.
La diligencia se realizó el pasado 22 de enero, como parte de una orden de inspección en materia forestal. En el sitio, los funcionarios constataron que las actividades observadas no eran menores: la remoción total de vegetación natural en 8.9 hectáreas, correspondientes a vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia, había sido ejecutada sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El desmonte no fue aislado. Además del despalme del suelo natural, se detectaron trabajos de nivelación y apertura de nuevas vialidades internas, con material pétreo distribuido en aproximadamente 2.8 hectáreas, así como la construcción de un camino de acceso de cerca de 80 metros de largo por 20 de ancho. Todo apuntaba a la ampliación y futura edificación de naves industriales para la producción y crianza de aves.
Para la Profepa, el diagnóstico fue claro: se trató de un cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales, en contravención directa a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La empresa responsable fue identificada como Productora Nacional de Huevo (CRÍO), un nombre que ya figuraba en los registros de vigilancia ambiental en Yucatán.
El caso de Hoctún no es un hecho aislado. Meses atrás, en el municipio de Kinchil, la Profepa documentó un cambio ilegal de uso de suelo en alrededor de 13.7 hectáreas, también atribuido a la misma empresa, tras denuncias ciudadanas. En ese predio, incluso se detectó la violación reiterada de sellos de clausura y la manipulación indebida de maquinaria asegurada, lo que derivó en la ampliación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante la ausencia de medidas de prevención, mitigación o compensación para evitar daños graves a los ecosistemas forestales, la Profepa determinó imponer como medida de seguridad la clausura total temporal del área afectada en Hoctún, colocando sellos sobre las 8.9 hectáreas intervenidas.
La escena final deja una imagen contundente: el avance industrial detenido frente a un terreno que, aunque ya herido, quedó bajo resguardo. La Profepa reiteró que mantendrá acciones de inspección, vigilancia y seguimiento legal para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y proteger el patrimonio natural de Yucatán, un territorio donde cada hectárea de monte cuenta… y donde el silencio del bosque removido empieza a convertirse en expediente.