En Yucatán, un fenómeno alarmante está sacudiendo a la sociedad: el aumento de embarazos en menores de 14 años. En lo que va del 2024, el Consejo Estatal de Población (Coespo) ha registrado 127 casos de embarazo infantil en niñas entre 10 y 14 años, una cifra que deja al estado en un lugar preocupante dentro de las estadísticas nacionales sobre este grave problema.
Este fenómeno no solo refleja una crisis de salud pública, sino una triste realidad social que pone en evidencia una vulnerabilidad extrema de las menores, en su mayoría víctimas de abuso sexual. Según la activista y profesora investigadora Ligia Vera Gamboa, el 99% de los embarazos infantiles en Yucatán están relacionados con violencia sexual, colocando al estado como uno de los más afectados por este flagelo.
Municipios como Halachó, que reportan dos casos específicos, son solo un ejemplo de cómo esta problemática afecta a diversas comunidades, muchas veces invisibilizadas por la falta de recursos y la omisión de políticas públicas adecuadas.
El embarazo infantil tiene consecuencias devastadoras, tanto en la salud física como emocional de las niñas, quienes se ven obligadas a enfrentar una carga que no están en condiciones de llevar. Los riesgos para su salud son elevados, al igual que las secuelas emocionales que se arrastran durante toda su vida. Además, este problema perpetúa las desigualdades sociales y de género, creando un círculo vicioso de violencia y marginación.
A pesar de los esfuerzos por parte de organizaciones como el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que han implementado campañas de prevención como las Ferias de la Salud, los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la situación. El abordaje del problema necesita ser mucho más integral, no solo centrado en la prevención, sino en la educación sexual, el acceso a servicios de salud adecuados y, sobre todo, en erradicar la violencia de género que afecta a las niñas.
Para Ligia Vera, los embarazos infantiles no son casos aislados. Detrás de cada uno de estos embarazos hay una historia de abuso, de desinformación, y de contextos culturales que permiten que se normalice la violencia hacia las niñas. La falta de educación sexual y la inadecuada protección legal siguen siendo factores fundamentales en este problema que no puede seguir ignorándose.
En este sentido, el aumento de embarazos en menores de 14 años representa no solo una crisis de salud pública, sino un desafío social que requiere soluciones inmediatas. Es necesario que autoridades, instituciones y la sociedad en su conjunto trabajen para garantizar un futuro digno a las niñas, protegiéndolas de la violencia y asegurándoles el derecho a vivir una infancia libre de abusos.
Las acciones necesarias para abordar esta crisis incluyen:
- Implementar educación sexual integral desde edades tempranas, para sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos.
- Fortalecer los marcos legales para castigar severamente el abuso sexual infantil y prevenir la impunidad.
- Mejorar el acceso a servicios de salud, apoyo psicológico y médico para las víctimas, proporcionando atención integral para su recuperación.
Es hora de que el estado de Yucatán tome medidas más eficaces para frenar esta ola de violencia y protección, para que las niñas puedan vivir con la seguridad y la esperanza que merecen.