En el corazón de una de las zonas arqueológicas más emblemáticas del país, donde cada piedra guarda historia y cada visitante busca conexión con el pasado, esta vez los reflectores no apuntaron a las pirámides mayas, sino a un conflicto legal de alto calibre. Dos hoteles, un contrato millonario, tribunales cruzados entre Yucatán y Quintana Roo, y un operativo de desalojo que ha encendido la polémica.
El pasado 18 de junio, autoridades yucatecas ejecutaron una diligencia judicial para entregar la posesión de los hoteles “Mayaland” y “The Lodge at Chichén Itzá”, en cumplimiento a una orden solicitada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Pero lo que parecía una acción administrativa más, rápidamente se convirtió en escándalo: Inmobiliaria R4, empresa que operaba los inmuebles, denunció un despojo ilegal, en abierto desacato judicial.
Según R4, una resolución del 13 de junio —cinco días antes del operativo— ordenaba suspender cualquier acción sobre los inmuebles hasta el 11 de julio, al encontrarse en litigio. La empresa afirma que esta notificación fue recibida por las autoridades antes del desalojo, lo que convierte la diligencia en una acción “sin sustento legal”, en palabras de sus representantes.
Un juicio que cruza estados y competencias
El Gobierno de Yucatán se deslindó, señalando que sólo actuó por solicitud de Quintana Roo y conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero hay un giro legal clave: en 2023, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Estado de Yucatán ya había determinado que las autoridades de Quintana Roo no tienen competencia sobre los inmuebles, ubicados en territorio yucateco.
La disputa tiene su origen en un contrato de promesa de compraventa firmado en 2020 entre R4 y Fernando Eugenio Barbachano Herrero, empresario ligado históricamente al turismo en la región. R4 asegura haber entregado 4.5 millones de dólares a Barbachano, quien además habría recibido otros 1.5 millones depositados ante un juzgado mercantil federal en Mérida como parte del proceso de compra. Sin embargo, acusan al empresario de negarse a formalizar la venta y buscar recuperar los hoteles sin reembolsar el dinero.
La herida detrás del paraíso
La imagen de Chichén Itzá como destino turístico global contrasta ahora con una postal de patrullas, carpetas judiciales y comunicados cruzados. La narrativa oficial se topa con las alegaciones de abuso, despojo y “mala fe”, mientras la justicia federal y local aún no emiten un fallo definitivo.
“Inmobiliaria R4 rechaza enérgicamente estas acciones contrarias a derecho”, concluyó la empresa en su comunicado. Mientras tanto, los hoteles permanecen cerrados, el litigio sigue su curso, y la disputa legal por un pedazo del paraíso maya continúa, ahora no entre conquistadores y sacerdotes, sino entre empresarios, abogados y ministerios públicos.