La Aduana de Progreso, en Yucatán, se encuentra bajo la lupa de las autoridades federales por presunto contrabando de combustibles disfrazado de importaciones de aceites lubricantes, una práctica conocida como huachicol fiscal.
De acuerdo con una investigación publicada por El País, al menos 21 aduanas en 13 estados del país presentan patrones similares de importación irregular. En el caso de Progreso, las cifras muestran un crecimiento atípico:
2021: 529 millones de litros de aceites.
2022: 805 millones de litros.
Total: más de 1,334 millones de litros en dos años.
Este aumento de más del 50% en un solo año levantó sospechas, pues los aceites lubricantes no pagan IEPS y son utilizados como fachada para introducir gasolina y diésel sin declarar, evadiendo miles de millones de pesos en impuestos.
Cateo revela vínculos políticos en Progreso
El pasado 12 de septiembre, un operativo de la FGR, Guardia Nacional y Ejército aseguró 180 mil litros de combustible ilegal en un predio del Polígono Industrial de Progreso.
De acuerdo con versiones periodísticas, el inmueble pertenece al hijo del exalcalde Julián Zacarías Curi, aunque este conserva el usufructo vitalicio. El hallazgo conecta directamente el caso con un escándalo de corrupción y nepotismo en el puerto yucateco.
Huachicol fiscal: un golpe millonario al erario
Las cifras oficiales revelan la magnitud del fraude: entre 2019 y 2022, México registró un excedente de 27 mil millones de litros de combustibles introducidos ilegalmente, equivalentes a 2,700 barcos petroleros, lo que representa un desfalco de 120,000 millones de pesos (unos 6,000 millones de dólares).
Aunque la red nacional de huachicol fiscal tiene su centro en la aduana de Tampico, los datos muestran que Yucatán no ha estado exento de estas operaciones que amenazan con empañar la imagen de seguridad y legalidad que distingue al estado.