En el corazón de Santa María Chi, una comunidad indígena de Mérida, Yucatán, se ha escrito una nueva página en la lucha por la preservación ambiental. Tras años de preocupación e inconformidad ante la contaminación del agua y el ecosistema local, los habitantes lograron una significativa victoria legal: la clausura parcial de la megagranja de cerdos del grupo San Gerardo.
El ambiente en el poblado es de esperanza contenida. Los pobladores, encabezados por el comisario municipal y defensor del territorio, Wilberth Nahuat Puc, han levantado la voz contra la contaminación que amenaza el manto acuífero de la región. Nahuat Puc, incansable en su labor por el bienestar de su comunidad, gestionó la presentación de tres nuevos amparos ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán. Estas demandas, interpuestas el 25 y 26 de febrero, así como el 6 de marzo, fueron admitidas y resultaron en la clausura parcial de la granja por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
“No podemos permitir que nuestras aguas sean contaminadas por la negligencia empresarial”, expresó el comisario al comunicar la noticia a la comunidad. La lucha legal ha sido ardua, pero su esfuerzo finalmente ha rendido frutos: el juez ordenó la inmediata paralización de las actividades de la megagranja, incluida la introducción de más cerdos y el tratamiento de las aguas residuales.
Los habitantes saben que la batalla aún no ha terminado. La comunidad exige que la empresa Chumoxil SA de CV, propiedad de Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, cumpla estrictamente con la suspensión ordenada, así como con la reparación del daño ocasionado al entorno. Además, las demandas se dirigieron no solo contra el grupo empresarial, sino también contra la Semarnat, la Profepa y la propia SDS, buscando una respuesta integral y la garantía de que se cumplan todas las medidas necesarias para mitigar el impacto ambiental.
La clausura de la megagranja es un paso importante en la lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente, pero el camino aún es largo. La comunidad de Santa María Chi permanece unida, decidida a vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales y a continuar exigiendo justicia ambiental.
Por ahora, la esperanza y la determinación iluminan el rostro de quienes se han convertido en guardianes de su tierra. La certeza de haber logrado un avance significativo les da fuerza para seguir adelante, conscientes de que el verdadero triunfo llegará cuando el equilibrio ambiental vuelva a sus hogares.