Una oscura sombra de negligencia y desprecio por los derechos humanos se cierne sobre las cárceles municipales de Yucatán, revelando una realidad indignante que clama por justicia y acción inmediata.
Año tras año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) emite recomendaciones claras y precisas para que las autoridades municipales doten a las instalaciones carcelarias de las condiciones necesarias para salvaguardar la dignidad y seguridad de los internos.
Sin embargo, estas advertencias caen en oídos sordos y las cárceles continúan siendo un abismo de desesperación y sufrimiento.
Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Codhey, expone con crudeza la cruda realidad:
“La falta generalizada de supervisión ha conducido a situaciones extremas, incluyendo el trágico desenlace de personas privadas de su libertad que optan por el suicidio ante la desesperación provocada por las condiciones inhumanas dentro de las instalaciones”.
Las deficiencias son abundantes y alarmantes
Desde la ausencia de infraestructura adecuada hasta la falta de controles para asegurar a los internos y la negligencia en la certificación médica de quienes ingresan bajo custodia de las autoridades municipales.
La vigilancia, un elemento crucial para garantizar la seguridad tanto de internos como de personal, brilla por su ausencia en muchas de estas cárceles.
El titular de la Codhey deja claro que estas recomendaciones no son meras sugerencias, sino imperativos éticos y legales que las autoridades municipales están obligadas a cumplir.
Sin embargo, la realidad es que las advertencias caen en saco roto, y la impunidad parece reinar en estas instituciones carcelarias.
Es momento de alzar la voz y exigir rendición de cuentas. Las vidas y los derechos de los internos no pueden ser sacrificados en el altar de la indiferencia y la negligencia.
Los ayuntamientos de Yucatán deben asumir su responsabilidad y tomar medidas inmediatas para rectificar esta situación deplorable.