Durante su visita a Yucatán, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, respaldó la lucha de las comunidades mayas contra proyectos contaminantes y advirtió sobre una creciente crisis socioambiental en la región.
El funcionario internacional documentó daños al medioambiente y posibles violaciones a los derechos humanos derivadas del crecimiento descontrolado de las denominadas “fábricas de animales”, particularmente granjas porcícolas, así como el impacto de los plaguicidas en actividades tradicionales como la apicultura y la meliponicultura.
Orellana señaló que la falta de regulaciones robustas ha permitido que estas industrias operen sin garantizar la protección del entorno ni de las poblaciones cercanas. “El problema radica en que las normas no son lo suficientemente fuertes para asegurar los derechos humanos frente a la contaminación”, subrayó.
Uno de los principales focos de preocupación es la existencia de más de 500 granjas porcícolas en territorios cercanos a comunidades indígenas, algunas con capacidades de hasta 100 mil animales. Estas instalaciones generan grandes volúmenes de desechos, incluyendo excretas, hormonas y antibióticos, que se filtran rápidamente al subsuelo debido a las características kársticas del suelo yucateco, afectando el manto acuífero.
El relator advirtió que esta contaminación impacta directamente derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un medio ambiente sano, especialmente en zonas sensibles como el Anillo de Cenotes.
Además, calificó como urgente la creación de una Ley General sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos, con el fin de regular su uso y mitigar sus efectos en los ecosistemas y en la vida de las comunidades mayas.
En respuesta a este panorama, organizaciones civiles de Yucatán celebraron la visita del relator y su respaldo a la exigencia de una Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental en la península. Entre las demandas destacan la suspensión de proyectos contaminantes, el acceso a agua limpia, la implementación de monitoreo epidemiológico y el respeto a la consulta indígena.
Asimismo, exigieron la reparación integral de los daños ambientales y sociales, así como el reconocimiento de la vulnerabilidad del acuífero kárstico frente a la contaminación.
Orellana concluyó que garantizar el derecho a un medioambiente libre de sustancias tóxicas es fundamental para asegurar un futuro de paz, salud y prosperidad para los pueblos.