En un evento clave para la seguridad del municipio, el alcalde de Progreso, Erik Rihani González, participó en la entrega de 169 patrullas por parte del Gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. La ceremonia, realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, marcó un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad en Progreso y otros municipios del estado.
El alcalde Rihani González expresó su satisfacción por esta colaboración estratégica con el Gobierno del Estado, destacando que gracias a este esfuerzo conjunto, Progreso recibió cuatro patrullas adicionales a las siete ya adquiridas, además de ocho motocicletas. “Con estas nuevas unidades podemos brindar una mejor atención a la ciudadanía de Progreso, garantizando su seguridad, protegiendo a sus familias y velando por el futuro de todos los progreseños”, afirmó el edil.
El gobernador Joaquín Díaz Mena subrayó la importancia de la seguridad como pilar del desarrollo en Yucatán, reafirmando el compromiso de su administración con la implementación de estrategias que preserven la paz y estabilidad en la entidad. En su discurso, destacó que la incorporación de estas unidades mejorará la capacidad operativa de las fuerzas municipales, permitiendo una respuesta más ágil y eficiente ante emergencias y situaciones de riesgo.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado en dotar a los municipios de patrullas equipadas con tecnología avanzada. Señaló que esta entrega permitirá reforzar la seguridad mediante una mejor coordinación entre las distintas instancias de gobierno, asegurando la tranquilidad y el orden que distinguen a Yucatán.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 100 x Progreso, una estrategia destinada a fortalecer la seguridad del municipio y sus comisarías, consolidando así un entorno más seguro para los habitantes. La entrega de estas nuevas unidades representa un avance significativo en el compromiso de las autoridades locales y estatales para garantizar la protección de los ciudadanos y el desarrollo de la región.