Una violencia verbal explícita encaminada hacia una estigmatización del oficio periodístico y por ende, un claro atentado contra el derecho humano del trabajo, fue uno de los resultados visibles que propinó el “grupo de choque” coordinado por el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Yucatán, Xavier Moya García, en apoyo a Wilberth Alfonso Nahuat Puc, Subcomisario de Santa María Chí, durante su audiencia de imputación realizada y diferida hace unos días.
En dicho evento con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), Moya García se presentó acompañado por más de 30 personas, entre integrantes de colectivos, movimientos organizados, así como pobladores de otras partes de Yucatán, en “respaldo” de Nahuat Puc, denunciado de presunta privación ilegal de la libertad y despojo de cosa inmueble, ambos de carácter penal, en el marco de un conflicto contra un centro laboral de cría de cerdos ubicado en la citada comisaría de Mérida, suscitado el pasado 15 de mayo del 2023.
En el desarrollo de la audiencia pública se presentaron una serie de hechos significativos como la incorporación de más elementos de seguridad en el nicho jurídico a fin de prevenir lo que al final ocurrió pero afuera del recinto, cuando los que muchas veces se tildan de manifestarse pacíficamente terminan mostrando todo lo contrario, proyectando automáticamente un tono agresivo, colérico y a un paso de la violencia física ante ciertas circunstancias, en este caso, de sentido informativo y contra el libre ejercicio del periodismo.
Como se observa en los videos, un camarógrafo y un reportero de un periódico digital local, fueron agredidos por el grupo de personas que arribaron al sitio con Xavier Moya, con gritos acompañados de insultos y represalias hacia su labor, impidieron entrevistar a ambas partes una vez diferida al audiencia, pero esto no fue posible luego de que los periodistas fueron rodeados y discriminados mediante improperios y frases que deslegitimaban de forma violenta su ética personal y profesional, poniendo en riesgo su integridad física, orillándolos a retirarse del complejo.
De acuerdo con testigos, llamó la atención que el representante de la PNUD no exhortó a la calma tras observar la álgida escena, no se acercó para intentar conciliar o establecer el orden, prefiriendo ser un espectador ante los atropellos de sus conocidos, cuando, en teoría, esta agencia de la ONU promueve la construcción de resiliencia como uno de sus impactos y garantiza que todas personas disfruten de paz y prosperidad por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de acuerdo con su sitio web oficial.
Asimismo, fue notorio el ausentismo de pobladores originarios de la comisaría meridana de Santa María Chí. De un total de 480 habitantes, solo estuvieron presentes cerca de 10 personas, de los cuales muchos eran familiares del acusado, percibiéndose un desapego y falta de empatía del pueblo con el subcomisario.
Cabe mencionar, que como parte del grupo organizado de Xavier Moya, había personas provenientes de otros municipios como Ixil e Izamal, pero que al platicar sobre Wilberth Nahuat algunos respondieron que no conocían al subcomisario, contexto del asunto ni razones por las que fue denunciado.
La ONU, a través de la PNUD, debería permanecer más atenta, vigilante y monitorear el desempeño de sus representantes en territorio que al parecer desvirtúan o usan de manera facciosa el mensaje ideológico de este organismo internacional, como el caso de Xavier Moya García, de la Oficina de Proyectos en Yucatán, quien dio claras señales de coordinar un “grupo de choque” para apoyar el caso de un ciudadano de Mérida, acusado de dos posibles delitos.
Habrá que estar pendientes si la PNUD con sede en Nueva York, en voz del Administrador Achim Steiner; la Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Michell Muschett; y el Representante Residente del organismo en México, Lorenzo Jiménez de Luis, están al tanto de estos acontecimientos y tener en cuenta la postura que asumiría esta institución en caso de que el presunto acusado resultara vinculado a proceso. La siguiente audiencia pública se estará llevando a cabo el próximo 6 de febrero del 2025.