El reloj marcaba el cierre de turno, pero el tiempo se detuvo en la planta procesadora de Kekén. En medio del ajetreo industrial y los protocolos de rutina, una tragedia desgarró el alma de una familia y encendió la indignación de una comunidad entera.
Reyes J. K. I., de 35 años, no volvió a casa. Era originario de la hacienda Cacao y padre de un niño de apenas 3 años. Ayer perdió la vida dentro de las instalaciones de la empresa, en circunstancias que hoy siguen envueltas en opacidad, versiones encontradas y una peligrosa omisión de responsabilidades.
Según testimonios de compañeros de turno, tras el accidente —en el que también resultó gravemente herida una mujer, de quien se rumora que también habría fallecido en el hospital—, no solo se activaron protocolos de emergencia, sino también otros mucho menos éticos: la supuesta orden de callar, entregar los celulares y guardar silencio absoluto.
Algunos empleados denuncian que fueron obligados a entregar sus teléfonos para impedir la difusión de imágenes o videos, mientras que a elementos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación se les negó el acceso inmediato al sitio.
La familia de Reyes fue notificada de forma indirecta por otros trabajadores, y al llegar a la planta, se toparon con portones cerrados, indiferencia, y directivos “ocupados”. Solo después de gritar, exigir respuestas y amenazar con acudir a la prensa, se les permitió entrar. Ahí recibieron la noticia que ninguna esposa ni madre debería escuchar: Reyes había muerto.
Mientras tanto, Kekén intentó controlar la narrativa a través de comunicados a medios aliados, asegurando que se siguieron todos los protocolos… pero sin explicar las amenazas, los bloqueos, ni el porqué de tanto hermetismo.
Ahora, las redes sociales se han convertido en el único altavoz para exigir lo que debería ser un principio básico: justicia.