La Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió la Recomendación 09/2026 contra el Ayuntamiento de Espita, al determinar que el presidente municipal, Mario Isaías Sánchez Esquivel, transgredió el derecho a la libertad de expresión de dos periodistas.
La resolución deriva de hechos ocurridos en junio de 2025, cuando, de acuerdo con la investigación del organismo, se habría colocado un retén en uno de los accesos a Espita con la finalidad de impedir que periodistas ingresaran al municipio para cubrir una sesión de Cabildo.
Aunque los comunicadores consiguieron llegar a la cabecera municipal por otras vías, posteriormente habrían sido exhibidos e intimidados públicamente, en un contexto relacionado con publicaciones periodísticas que señalaban presuntas irregularidades dentro de la administración municipal.
Tras analizar los hechos, la Codhey concluyó que se vulneraron derechos relacionados con la libertad de expresión y determinó que, hasta el momento, no se había reparado el daño ocasionado a los dos periodistas.
Por ello, el organismo solicitó iniciar un procedimiento disciplinario y/o administrativo contra el alcalde, el cual deberá desarrollarse de manera ágil, imparcial y conforme a la legalidad. En caso de determinarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
La recomendación también contempla a integrantes de la Policía Municipal de Espita, entre ellos el comandante Luis Daniel Herrera Caamal, así como Ángel Baltazar Be Poot, Pedro Antonio Puc Tamay y Pedro Eliseo Canché Chim.
La Codhey pidió que tanto el presidente municipal como los elementos policiacos reciban capacitación sobre derechos humanos, libertad de expresión y los tratados internacionales relacionados con la protección de periodistas.
El objetivo, señala el organismo, es evitar que la labor periodística sea nuevamente obstaculizada, coartada o amenazada dentro del territorio municipal.
Asimismo, la Comisión solicitó dar vista a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que los dos periodistas sean incorporados al Registro Estatal de Atención a Víctimas.
Ahora corresponde al presidente municipal de Espita responder si acepta la recomendación y presentar las pruebas que acrediten su cumplimiento.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre autoridades municipales y medios de comunicación, particularmente cuando la labor periodística implica investigar o publicar información crítica sobre la gestión de funcionarios públicos.