Eran poco más de la una de la tarde cuando comenzaron a llegar. A paso firme, algunos con sombrero en mano, otros con papeles bien guardados en carpetas de plástico, los ejidatarios y sus familiares llenaron el local del comisariado ejidal. No venían por promesas: venían por lo que les correspondía.
Y es que ayer se puso en marcha el esperado reparto del fondo ejidal, un compromiso acordado en la asamblea general del 3 de agosto, y que representa más que dinero: es también un acto de justicia comunitaria.
Cada ejidatario registrado recibió un primer pago de 2,000 pesos. Para los familiares que aún gestionan su certificación agraria, el apoyo fue de 1,000 pesos. El fondo total, que supera el millón y medio de pesos, se irá entregando por etapas, en un esquema diseñado para ser justo y ordenado.
Para evitar caos y confusiones, se implementó un sistema de fichas de colores: rojo para quienes ya tienen toda su documentación en regla, y verde o naranja para aquellos en proceso de regularización. La entrega comenzó formalmente a las dos de la tarde, bajo la supervisión directa del comisario Santos Gamboa y su equipo.
“Estamos cumpliendo lo que se acordó en la asamblea. La transparencia es nuestra prioridad”, declaró Gamboa mientras repartía instrucciones y saludaba a los presentes con familiaridad.
Este acto, más que administrativo, fue profundamente simbólico. En muchos rostros se notaba el alivio, la esperanza, incluso el orgullo de ver que los recursos acumulados en silencio por fin se transformaban en algo tangible.
Durante las próximas dos semanas continuará el proceso. La comunidad está citada por bloques, para que todos puedan cobrar sin prisas ni aglomeraciones. Una vez finalizada esta primera etapa, el saldo remanente se distribuirá entre los ejidatarios como lo acordaron todos, juntos, en asamblea.
El fondo ejidal no sólo es un derecho económico, es también una prueba viva de que, cuando la comunidad decide y se organiza, las cosas sí pueden hacerse bien.