Pueblos mayas de Yaxcopoil, Tebec y Hotzuc, en Umán, así como de San José Tzal, comisaría de Mérida, exigieron a las autoridades frenar la operación de bancos de extracción de materiales pétreos que, aseguran, funcionan cerca de comunidades y sitios arqueológicos pese a las denuncias y procesos legales promovidos por las propias poblaciones.
Las comunidades sostienen que las autoridades no han garantizado de manera efectiva sus derechos al territorio, a la consulta y a un medio ambiente sano, mientras las actividades extractivas continúan avanzando en la zona.
Como parte de sus acciones legales, los pueblos han presentado denuncias ante autoridades ambientales y de protección del patrimonio cultural, además de recurrir a tribunales federales para solicitar la intervención de las instituciones responsables.
Yaxcopoil denuncia cercanía de bancos de materiales
El caso más reciente corresponde a Yaxcopoil, cuyo pueblo maya presentó el pasado 19 de agosto una denuncia popular ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). También presentó denuncias ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Las denuncias señalan al banco de materiales CYPSSA-Península y a otro cuya denominación se desconoce. De acuerdo con la comunidad, ambos fueron instalados sin un proceso de consulta con la población y su ubicación contravendría disposiciones de la NOM-023-STPS-2012 y de la Norma Técnica Ambiental NTA-002-SEDUMA-10.
Según la normativa estatal citada por los habitantes, los bancos de materiales deben mantener una distancia mínima de cinco kilómetros respecto de asentamientos humanos y vestigios arqueológicos, además de cumplir con distancias específicas frente a ductos, instalaciones eléctricas y determinadas infraestructuras.
Un estudio técnico incorporado a las denuncias señala que uno de los bancos se encuentra a 994.479 metros del núcleo de población de Yaxcopoil, es decir, a menos de un kilómetro.
El mismo documento registra una distancia de mil 918.834 metros respecto del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y de aproximadamente 600 metros de un tanque de gas estacionario.
Yaxcopoil-Tanmul es reconocido por el INAH como una zona arqueológica de rango 2. De acuerdo con la información presentada por la comunidad, su relevancia sería comparable con la de sitios como Dzibichaltún y Oxkintok.
Con base en estos datos, los pobladores consideran que la ubicación de los bancos hace incompatible la extracción de material pétreo con las disposiciones ambientales y de protección del patrimonio.
Sin embargo, aseguran que, pese a las denuncias presentadas ante autoridades federales y estatales, hasta ahora no se ha concretado un procedimiento de clausura.
“Ambas empresas han actuado y siguen actuando con total impunidad”, señalaron las comunidades mediante un comunicado difundido por Utsil Kuxtal, organización que acompaña su defensa.
Comunidades llevan conflicto de PROSER a tribunales
Una situación similar es denunciada por los pueblos de San José Tzal, Tebec y Hotzuc, quienes mantienen un conflicto con la empresa PROSER por la operación de otro banco de extracción de materiales pétreos.
En marzo, las tres comunidades promovieron un juicio de amparo contra Semarnat, Profepa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y la persona titular de la SDS, al considerar que existieron omisiones que permitieron el funcionamiento del banco.
Los pueblos señalan que PROSER inició actividades sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental y sin que se desarrollara, a su consideración, un proceso adecuado de consulta y consentimiento con las comunidades afectadas.
El banco tendría una superficie aproximada de 529 hectáreas y se encuentra en las inmediaciones de San José Tzal, comisaría de Mérida, así como de Tebec y Hotzuc, en Umán.
Los habitantes atribuyen a las actividades extractivas diversas afectaciones ambientales y sociales, entre ellas la presencia de polvo y los impactos derivados de las explosiones utilizadas durante las labores de extracción.
El caso llegó al Poder Judicial de la Federación. La jueza Cuarto de Distrito en Yucatán, Elsa Patricia Espinosa Salas, admitió el amparo, aunque negó las suspensiones provisional y definitiva solicitadas por las comunidades.
Esta decisión permitió que las actividades de extracción de PROSER continuaran mientras el proceso legal sigue su curso.
Las comunidades consideran que la resolución utilizó argumentos regresivos y dejó de lado precedentes relacionados con la protección ambiental y los derechos de los pueblos. La negativa a conceder la suspensión fue impugnada y será revisada por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Circuito.
Advierten riesgo para territorio, agua y patrimonio
Para los pueblos mayas, ambos conflictos no son hechos aislados, sino parte de una problemática mayor relacionada con el crecimiento de la extracción de materiales pétreos en las comisarías de Mérida y Umán.
Las comunidades advierten que esta actividad —considerada minería a cielo abierto— puede generar impactos sobre el territorio, el medio ambiente, el agua, las viviendas y el patrimonio cultural.
Por ello, demandaron la intervención de los gobiernos federal y estatal, así como del Poder Judicial de la Federación, para garantizar sus derechos y prevenir daños ambientales, sociales y patrimoniales que pudieran resultar irreversibles.
Los pueblos también cuestionaron que las consecuencias de las actividades extractivas sean asumidas por las comunidades, mientras los beneficios económicos permanecen principalmente en manos de las empresas constructoras.
El conflicto mantiene abiertos distintos frentes administrativos y judiciales, mientras los habitantes de las comunidades involucradas buscan que las autoridades determinen si los bancos de materiales cumplen con las disposiciones ambientales, territoriales y de protección del patrimonio aplicables.