La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la conformación de un grupo interdisciplinario de alto nivel para analizar la viabilidad de aplicar nuevas técnicas de fracturación hidráulica —conocida como fracking— en la exploración de gas no convencional en el país.
El equipo estará integrado por especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de 17 investigadores expertos en áreas como geología, ingeniería petrolera, tratamiento de agua y medio ambiente.
Durante la presentación del grupo, la mandataria dejó en claro que no existe una decisión tomada sobre el uso de estas tecnologías. El objetivo, dijo, es contar con una base científica sólida que permita evaluar si existen métodos más avanzados que reduzcan el impacto ambiental y utilicen componentes biodegradables.
“No vamos a forzar una decisión”, subrayó. “Queremos saber si hay nuevas técnicas, cuáles serían sus impactos y en qué zonas podrían ser viables”.
El análisis busca también atender una preocupación estratégica: la dependencia energética de México, que actualmente importa cerca del 75% del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos. En este contexto, el gobierno federal plantea explorar alternativas que fortalezcan la soberanía energética sin comprometer el medio ambiente ni a las comunidades.
Sheinbaum enfatizó que cualquier posible implementación estaría sujeta a procesos de consulta social. “No vamos a hacer nada en contra de la población”, afirmó, al señalar que, en caso de identificarse zonas viables —como algunas regiones del norte del país—, se dialogará con las comunidades para evaluar impactos y beneficios.
Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó que el grupo convocado no es solo técnico, sino multidisciplinario, dada la complejidad de los yacimientos no convencionales y los riesgos asociados a su explotación.
Desde la academia, las principales instituciones del país manifestaron su respaldo al proceso. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que el papel de la universidad será evaluar costos sociales, ambientales y económicos; mientras que la UAM y el IPN ofrecieron su capacidad científica y tecnológica para contribuir a un diagnóstico riguroso.
El grupo de especialistas deberá presentar una primera orientación en un plazo de dos meses. A partir de ahí, el gobierno definirá los siguientes pasos en una decisión que, según se adelantó, buscará equilibrar la seguridad energética con la protección ambiental y el bienestar social.
La iniciativa marca un giro en el debate nacional sobre el fracking, una técnica históricamente cuestionada por sus posibles impactos ambientales, pero que ahora vuelve a la mesa bajo el análisis de nuevas tecnologías y criterios científicos.