La transformación de la zona metropolitana de Yucatán entra en una nueva etapa. El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó ante el Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (Copledey) la versión final del Plan Bienestar Metropolitano, un proyecto que contempla una inversión global de 4 mil 490.9 millones de pesos durante los próximos tres años.
El anuncio no llegó solo. Durante la sesión extraordinaria, el mandatario informó que su administración presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para solicitar autorización para contratar un financiamiento de mil 562 millones de pesos, destinado a poner en marcha parte de las obras consideradas prioritarias.
El plan contempla intervenciones en Mérida y 12 municipios de su zona metropolitana, con tres grandes ejes: agua y saneamiento, seguridad y movilidad.
“Este plan responde a lo que la gente pidió”, afirmó Díaz Mena al explicar que la estrategia busca atender necesidades que se han acumulado conforme la capital yucateca y las localidades de su entorno han crecido.
El agua, una de las mayores apuestas
Uno de los componentes de mayor peso será el destinado al agua potable y saneamiento, con una inversión superior a mil 800 millones de pesos.
El proyecto plantea la rehabilitación integral de las plantas Mérida I y Mérida II, además de la sectorización de las redes de distribución y la modernización de sus sistemas electromecánicos.
De acuerdo con el plan, estas acciones permitirían recuperar hasta 72 millones de metros cúbicos de agua al año y atender las condiciones de baja presión o intermitencia que actualmente afectan a 123 colonias.
También se contempla recuperar 400 litros por segundo en la Línea Mérida I y ampliar la cobertura del servicio, que pasaría de 442 mil a más de 596 mil viviendas.
La estrategia incluye además la construcción de nuevas plantas de tratamiento en Cielo Alto, Caucel 1 y Caucel 2, con el propósito de reducir impactos sobre el acuífero kárstico, considerado la principal fuente de abastecimiento de agua de la región.
El reto es particularmente relevante para una zona metropolitana que continúa creciendo y cuya demanda de servicios aumenta año con año.
Más cámaras y vigilancia para la zona metropolitana
El segundo gran componente corresponde a la seguridad.
El Plan Bienestar Metropolitano contempla la instalación de 44 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente, 30 arcos lectores de placas y 342 cámaras adicionales.
A esto se sumaría la construcción de cinco Centros Integrales de Seguridad Pública en Ucú, Umán, Kanasín, Conkal y la zona periurbana oriente de Mérida.
En conjunto, estas acciones tendrían un beneficio directo para más de 350 mil habitantes, según las estimaciones presentadas por el gobierno estatal.
La estrategia busca reforzar el modelo de vigilancia que ha permitido a Yucatán mantenerse entre las entidades con menores niveles de violencia letal del país.
Vialidades para una ciudad que no deja de crecer
El tercer eje se concentra en la movilidad y contempla una inversión cercana a mil 600 millones de pesos para intervenir la Red Metropolitana de Vialidades Seguras.
El diagnóstico parte de una realidad cotidiana: por este sistema circulan más de 200 mil vehículos diariamente, lo que ha convertido determinados cruces y corredores en puntos críticos para la movilidad.
Entre las obras previstas se encuentra la modernización de la intersección de Periférico y Canek, además de la renovación de vialidades inferiores en siete pasos superiores vehiculares.
El proyecto también incluye la instalación de 3 mil 164 luminarias LED y cinco infraestructuras peatonales que buscan mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan el transporte público.
Según las estimaciones oficiales, estas últimas obras permitirían proteger a más de 36 mil usuarios diarios.
El financiamiento llegará al Congreso
Para hacer posible una parte de estas inversiones, el Ejecutivo estatal planteó ante el Poder Legislativo la contratación de financiamiento por mil 562 millones de pesos.
Díaz Mena aseguró que la iniciativa fue presentada después de sostener reuniones con las distintas fracciones parlamentarias para explicar los alcances del proyecto.
La propuesta fue entregada formalmente por el secretario general de Gobierno, el secretario de Administración y Finanzas y el consejero jurídico, acompañada por documentación relacionada con el diagnóstico técnico, el desglose de las obras, el calendario de ejecución y los mecanismos de transparencia y vigilancia.
El esquema financiero, de acuerdo con la administración estatal, combinará recursos de largo plazo con presupuesto estatal y fuentes federales complementarias.
La intención es que el endeudamiento se utilice para infraestructura considerada urgente, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas estatales.
Una apuesta para el crecimiento de Mérida y sus municipios vecinos
Durante la presentación, el gobernador también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos de infraestructura en Yucatán.
Más allá de las cifras, el planteamiento del Plan Bienestar Metropolitano parte de un desafío que ya es visible en la vida cotidiana: el crecimiento de Mérida ha rebasado progresivamente los límites administrativos de la capital y ha incrementado la presión sobre el agua, las vialidades, el transporte y la seguridad en los municipios que la rodean.
La apuesta del gobierno estatal es intervenir esos sistemas antes de que las necesidades se conviertan en problemas mayores.
“Vamos a recuperar capacidad donde se perdió, ampliarla donde el crecimiento ya la demanda y construir lo que Yucatán necesitará mañana”, sostuvo Díaz Mena.
Ahora el proyecto tendrá que avanzar por la ruta legislativa para definir el destino de los recursos y la autorización del financiamiento.
El reto para el gobierno estatal será convertir los 4 mil 490.9 millones de pesos proyectados en obras concretas, medibles y visibles para una zona metropolitana que enfrenta cada día mayores demandas de infraestructura.
La obra pública, el agua y la seguridad quedan así sobre la mesa; el siguiente paso estará en manos del Congreso y, posteriormente, en la capacidad de ejecución de la administración estatal.